Encuentro de reflexión CARF, Jesús Muñoz de Priego

Para Muñoz de Priego, también portavoz y coordinador de la iniciativa para la libertad de enseñanza “enLibertad”, se trata de “la peor ley de la democracia” aprobada en medio de una situación de crisis sanitaria y económica debido a la pandemia. “Una ley intervencionista que tiende al control absoluto”.

Una ley sin consenso ni diálogo

“Si no hubiera existido un movimiento social impulsado por Más Plurales, esta ley habría pasado sin pena ni gloria debido a la pandemia, por eso no era el momento más adecuado para aprobarla”, comentó el abogado.

El experto explicó, este jueves, durante el segundo encuentro de reflexión CARF, que en el que el Gobierno se ha apresurado a aprobar esta ley por su interés en hacer cumplir una promesa electoral y porque, según la opinión del Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos, la anterior ley educativa carecía de consenso por parte de la comunidad educativa.

“Pero resulta que la ley Celaá es la que menos respaldo ha tenido, tanto en el Congreso de los Diputados (se aprobó con un número muy justo de votos) como en las entidades educativas”, dijo Jesús Muñoz.

Y es que se trata de la primera ley educativa de la democracia que se ha aprobado sin:

• Que ningún portavoz de la comunidad educativa haya acudido al Congreso a emitir su opinión.
• Ningún consenso.
• Nada de diálogo.
• Y sin que se haya añadido ni una sola propuesta de la comunidad educativa.

Ataque a la libertad de enseñanza

Por lo tanto, para Muñoz de Priego esta ley es un verdadero ataque a la libertad de enseñanza que convierte a la escuela pública en la única opción posible.

Para el abogado, la LOMLOE cambia totalmente las reglas del juego y coloca a la Administración en una posición intervencionista. Además, la ley Celaá se inventa un nuevo derecho que es “el derecho a la educación pública, en lugar del derecho a la educación, que es el que recoge la Constitución”.

Vulnera derechos constitucionales

Alguna de las medidas que introduce la LOMLOE que atentan a la libertad de enseñanza y vulnera el derecho constitucional de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos según sus convicciones son las siguientes:

• Eliminación de la demanda social y las solicitudes de las familias. Por lo tanto, será la Administración quien decida arbitrariamente a qué colegio acuden los alumnos con el claro interés en cerrar unidades concertadas con demanda social de las familias.
• Discriminación de la Asignatura de Religión. En la práctica esta materia la deja fuera del sistema educativo, del horario escolar y la convierte en una asignatura no fundamental.
• Ataca a la educación diferenciada, acusándola de una enseñanza segregacionista cuando el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la diferenciada no supone una discriminación ni una segregación.
• Limita la función de gobierno de los centros concertados, mermando su ideario propio que estará bajo control de un “comisario político” (el concejal del Ayuntamiento) en los consejos escolares.
• La elección de colegio prima la zonificación como criterio excluyente frente a otras alternativas. “Una zonificación demasiado estricta puede ocasionar la proliferación de guetos escolares”. Por otra parte, la Administración será la encargada de distribuir a los alumnos con desventajas en distintos centros, posicionándose por encima de la libertad de los padres.
• Pretende que desaparezcan los centros de educación especial. La LOMLOE busca integrar a alumnos con discapacidades en centros ordinarios en el plazo de diez años. “Nadie está en contra de la inclusión, pero forzar esa inclusión irá en prejuicio de esos alumnos”, apunta Muñoz de Priego.

La concertada no es subsidiaria de la pública

El portavoz de Más Plurales recordó que en las comunidades gobernadas en solitario por el partido socialista, como es el caso de Andalucía, se han producido verdaderos  ataques a la libertad de enseñanza, creando colegios públicos en zonas donde no había demanda social, arrinconando de este modo a la educación concertada.

“Cabe recordar que el Tribunal Supremo ha dejado claro que la educación concertada no es subsidiaria de la escuela pública”, puntualizó el ponente del encuentro de reflexión CARF.

Además, ha dejado claro que entre los objetivos de la escuela católica está su misión evangelizadora y que, por tanto, también tiene derecho a recibir ayudas estatales por ofrecer algo distinto a la escuela pública. “Esto permite el ejercicio real de la libertad de enseñanza”, apunta.

Discriminación a las familias con menos recursos

Por otra parte, Muñoz de Priego ha argumentado que esta ley provocará que los que cuenten con menos recursos no puedan ejercer sus derechos constitucionales, generando una crisis en la educación “La libertad de enseñanza requiere que todos los ciudadanos, sin tener en cuenta sus ingresos, puedan elegir qué tipo de educación desean para sus hijos. Pero con esta ley, los que no tengan dinero, no podrán elegir”.

Otro de los asuntos polémicos de esta ley es su insistencia en garantizar los derechos de la infancia, algo absolutamente correcto, pero, por otra parte, detrás de esta insistencia está la pretensión del Gobierno de controlar esos derechos de la infancia por encima de la potestad de los padres. “Esta ley provocará que muchas familias tengan que defenderse de las posibles intervenciones estatalistas”, afirma Muñoz de Priego.

Amparo al Tribunal Europeo

Frente a esta ley intervencionista, la plataforma Más Plurales así como otras entidades educativas, han pedido amparo al Tribunal Europeo con el objetivo de que falle a favor de la libertad de enseñanza y que dictamine que el Estado Español, con esta ley, vulnera derechos fundamentales.

Por otra parte, PP, Ciudadanos y Vox ya están preparado recursos de inconstituionalidad contra esta ley.

Toda la intervención se puede ver en este vídeo.